lunes, 14 de julio de 2014

Más de 80 países piden castigo contra abusos de las transnacionales.




Quiénes somos 

Los Caballeros de la Orden, soldados de Dios, somos jesuitas laicos, somos hombres y mujeres de frontera, dispuestos a estar en aquellos lugares donde hay situaciones de injusticia, donde otros no pueden o no quieren estar, donde se puede tener un efecto multiplicador en bien de la misión. Hombres preparados para responder a las necesidades de nuestro mundo, solidarizándonos con las víctimas de esta historia y así acompañar a Jesús rumbo a la cruz. Somos Compañeros de Jesús, amigos para la misión, y estamos al servicio de la Mayor Gloria de Dios. Herederos de Misioneros y educadores, viajeros y descubridores, cartógrafos y geógrafos, hombres de teología y espada, de ciencia y espiritualidad, conspiradores políticos o pacificadores, los jesuitas han sido, desde la fundación de la Compañía de Jesús una de las órdenes religiosas más importantes y controvertidas de la cristiandad; efectivamente, un grupo muy influyente a nivel mundial.

Orden Caballeros del Papa en América
Los Jesuitas conquistaron Sud América para la Iglesia de Roma 
(dijo Lord Maculay)

Bandera de las Américas, adoptada como símbolo de las Américas
por la séptima conferencia internacional Americana de
Montevideo el 13 de diciembre de 1933

Bula de la Santa Cruzada en América
Se dedicaba a los gastos de la guerra contra los infieles



Habilitar un marco jurídico vinculante a las empresas transnacionales y garantizar que las víctimas de abusos de derechos humanos por parte de esas empresas puedan tener acceso a mecanismos de protección, justicia y reparación. Éstas son las exigencias de Ecuador, con respaldo de más de 80 países y de la Alianza para un Tratado (Alianza por el Tratado, Treaty Alliance, en inglés), en nombre de más de 500 organizaciones. El debate en relación con esta cuestión ocurrió durante la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el último 27 de junio, en Ginebra, Suiza.
Uno de los documentos presentados en la ocasión fue elaborado por la Campaña Internacional ”Desmantelando el Poder Corporativo”, que aglutina a cientos de organizaciones que trabajan hace por lo menos seis años en este tipo de propuesta. La génesis de la campaña fue el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), herramienta de la Fundación Lelio Basso que, entre 2006 y 2010 actuó como tribunal ético, con gran impacto mediático, formado por juristas, jueces y defensores reconocidos mundialmente en el ámbito de los derechos humanos.
Según la revista española La Marea, la propuesta es de elaboración de un instrumento internacional que actúe jurídicamente sobre el comportamiento de las grandes corporaciones, evitando o castigando las violaciones como consecuencia de sus actividades. Para esto, el Consejo Económico y Social de la ONU propuso la creación de una comisión y un Centro de Estudios sobre las Corporaciones Multinacionales, con el propósito de elaborar un Código de Conducta para esas empresas.
En América Latina y África, violaciones de derechos sociales, económicos y culturales son sistemáticas, ”como cuando se impide que la población tenga acceso a bienes básicos como ser una vivienda digna, agua o electricidad, derechos colectivos relacionados con el desplazamiento de víctimas, como poblaciones campesinas y pueblos indígenas, cuando hay violación de los derechos ambientales por la destrucción de ecosistemas”, agrega la investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Erika González a La Marea.
La última investigación realizada por el TPP, el año 2010, constata que empresas como Aguas de Barcelona, Canal de Isabel II, Bayer, BBVA, HSBC, Banco Santander, Benneton,Endesa, Unión Fenosay Telefónica Pescanova son responsables de muchas de esas violaciones. ”Ellas han destruido el medio ambiente, dejando vulnerables derechos laborales básicos u obligando a comunidades autóctonas a abandonar sus hogares, para dejar libre la construcción de las empresas en determinados lugares”, explica la revista.
A pesar de las más de 80 naciones de todo el mundo que apoyan la iniciativa de Ecuador, el papel global de los gobiernos cuyos ciudadanos son víctimas de abusos por parte de muchas multinacionales no es homogéneo. La Marea indica que, por un lado, están los países considerados ”cómplices” de esas empresas, como Colombia, Perú, Guatemala y México, lo que González entiende como ”gobiernos funcionales a los intereses de las transnacionales”. ”Todas sus decisiones políticas y sus leyes benefician a las inversiones y los negocios de las transnacionales en detrimento de los derechos humanos”, complementa la investigadora.
Por otro lado, hay gobiernos como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, que han tomado decisiones o elaborado leyes que incrementan la soberanía de los gobiernos del Sur en las movilizaciones políticas, repercutiendo negativamente sobre los intereses comerciales de las empresas transnacionales. Aún así, González destaca que eso no garantiza la oposición a las transnacionales. ”Ellas siguen trabajando en sectores como la minería o petróleo y atentando contra el medio ambiente y contra los derechos de los indígenas o de las comunidades cercanas a las zonas donde se establecen, además de que los gobiernos continúan firmando acuerdos y contratos con ellas”, hace la salvedad la representante de OMAL.

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