La Orden de los Caballeros de Su Santidad el Papa "San Ignacio de Loyola", es jesuita laica, bajo la Bendición del General de la Compañía de Jesús, Padre Adolfo Nicolás, Coadjutores Jesuitas Temporales en la obra de Dios y de la "Societas Jesu" en la misión de Cristo, en obras inspiradas en el desarrollo, la justicia social, los derechos humanos de los pueblos el cuidado del medio ambiente y en la espiritualidad ignaciana, sean o no sus dignatarios de la Compañía de Jesús) click..
Quiénes somos
Los Caballeros de la Orden , soldados de Dios, somos jesuitas laicos, somos hombres y mujeres de frontera, dispuestos a estar en aquellos lugares donde hay situaciones de injusticia, donde otros no pueden o no quieren estar, donde se puede tener un efecto multiplicador en bien de la misión. Hombres preparados para responder a las necesidades de nuestro mundo, solidarizándonos con las víctimas de esta historia y así acompañar a Jesús rumbo a la cruz. Somos Compañeros de Jesús, amigos para la misión, y estamos al servicio de la Mayor Gloria de Dios. Herederos de Misioneros y educadores, viajeros y descubridores, cartógrafos y geógrafos, hombres de teología y espada, de ciencia y espiritualidad, conspiradores políticos o pacificadores, los jesuitas han sido, desde la fundación de la Compañía de Jesús una de las órdenes religiosas más importantes y controvertidas de la cristiandad; efectivamente, un grupo muy influyente a nivel mundial.
(dijo Lord Maculay)
Bandera de las Américas, adoptada como símbolo de las Américas
por la séptima conferencia internacional Americana de
Montevideo el 13 de diciembre de 1933
Habilitar un marco
jurídico vinculante a las empresas transnacionales y garantizar que las víctimas
de abusos de derechos humanos por parte de esas empresas puedan tener acceso a
mecanismos de protección, justicia y reparación. Éstas son las exigencias de
Ecuador, con respaldo de más de 80 países y de la Alianza para un Tratado
(Alianza por el Tratado, Treaty Alliance, en inglés), en nombre de más de 500
organizaciones. El debate en relación con esta cuestión ocurrió durante la 26ª
sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el último 27 de junio, en Ginebra, Suiza.
Uno de los documentos presentados en la ocasión fue
elaborado por la
Campaña Internacional ”Desmantelando el Poder Corporativo”,
que aglutina a cientos de organizaciones que trabajan hace por lo menos seis
años en este tipo de propuesta. La génesis de la campaña fue el Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP), herramienta de la Fundación Lelio
Basso que, entre 2006 y 2010 actuó como tribunal ético, con gran impacto
mediático, formado por juristas, jueces y defensores reconocidos mundialmente
en el ámbito de los derechos humanos.
Según la revista española La Marea , la propuesta es de
elaboración de un instrumento internacional que actúe jurídicamente sobre el comportamiento
de las grandes corporaciones, evitando o castigando las violaciones como
consecuencia de sus actividades. Para esto, el Consejo Económico y Social de la ONU propuso la creación de una
comisión y un Centro de Estudios sobre las Corporaciones Multinacionales, con
el propósito de elaborar un Código de Conducta para esas empresas.
En América Latina y África, violaciones de
derechos sociales, económicos y culturales son sistemáticas, ”como cuando se
impide que la población tenga acceso a bienes básicos como ser una vivienda
digna, agua o electricidad, derechos colectivos relacionados con el
desplazamiento de víctimas, como poblaciones campesinas y pueblos indígenas,
cuando hay violación de los derechos ambientales por la destrucción de
ecosistemas”, agrega la investigadora del Observatorio de Multinacionales en
América Latina (OMAL), Erika González a La Marea.
La última investigación realizada por el TPP,
el año 2010, constata que empresas como Aguas de Barcelona, Canal de Isabel II,
Bayer, BBVA, HSBC, Banco Santander, Benneton,Endesa, Unión Fenosay Telefónica
Pescanova son responsables de muchas de esas violaciones. ”Ellas han destruido
el medio ambiente, dejando vulnerables derechos laborales básicos u obligando a
comunidades autóctonas a abandonar sus hogares, para dejar libre la
construcción de las empresas en determinados lugares”, explica la revista.
A pesar de las más de 80 naciones de todo el
mundo que apoyan la iniciativa de Ecuador, el papel global de los gobiernos
cuyos ciudadanos son víctimas de abusos por parte de muchas multinacionales no
es homogéneo. La Marea
indica que, por un lado, están los países considerados ”cómplices” de esas
empresas, como Colombia, Perú, Guatemala y México, lo que González entiende
como ”gobiernos funcionales a los intereses de las transnacionales”. ”Todas sus
decisiones políticas y sus leyes benefician a las inversiones y los negocios de
las transnacionales en detrimento de los derechos humanos”, complementa la
investigadora.
Por otro lado, hay gobiernos como Venezuela,
Bolivia, Ecuador y Argentina, que han tomado decisiones o elaborado leyes que
incrementan la soberanía de los gobiernos del Sur en las movilizaciones
políticas, repercutiendo negativamente sobre los intereses comerciales de las
empresas transnacionales. Aún así, González destaca que eso no garantiza la
oposición a las transnacionales. ”Ellas siguen trabajando en sectores como la
minería o petróleo y atentando contra el medio ambiente y contra los derechos
de los indígenas o de las comunidades cercanas a las zonas donde se establecen,
además de que los gobiernos continúan firmando acuerdos y contratos con ellas”,
hace la salvedad la representante de OMAL.
Traducción: Daniel Barrantes -
barrantes.daniel@gmail.com
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