martes, 18 de enero de 2022

Los cambios de política energética de los ‘90 y su impacto en la actualidad. Por S.E. el Cab Gran Cruz de la Compañía de Loyola Dr Julio César Aráoz

  

 COMPAÑÍA DE LOYOLA

Cuál es la valoración que puede hacerse hoy de las transformaciones en el sistema energético argentino realizadas 20 años atrás.PorJulio CésarAráoz.

El cambio de las políticas energéticas en la República Argentina, que se habían mantenido estables desde el descubrimiento del petróleo (1908) por más de 80 años durante los períodos democráticos y autoritarios, comenzó en 1989 durante el Gobierno del doctor Carlos Saúl Menem.

Me cupo a mí, como Secretario de Energía de la Nación llevar adelante esa tarea, ese cambio “disruptivo” pero necesario para incorporar a nuestro país a la política internacional y al manejo económico de la energía, a la luz de los paradigmas mundiales de esa época.

Visto a la distancia, este hecho fundamental de política económica debería considerarse e interpretarse a través de las premisas que entonces tuvimos en cuenta y que hoy, por el transcurso del tiempo, pueden valorarse con mejor perspectiva.

El momento político y social y el papel del Estado en 1989

El 8 de julio de 1989 se produjo un relevo gubernamental de singulares características en la historia argentina. Por primera vez en seis décadas, un presidente constitucional le transfería el mando a otro elegido democráticamente de un partido político diferente. Esa circunstancia, que naturalmente debería haber movido al júbilo ciudadano por lo que implicaba en términos de consolidación la democracia, fue acompañada por una tensión inédita: la trasmisión del mando se producía seis meses antes de lo previsto en el calendario electoral, en un contexto socioeconómico crítico que había precipitado la llegada del triunfador de las elecciones del 14 de mayo de 1989 a la primera magistratura.

La Argentina era un país sometido a violentas convulsiones sociales que eran fruto de largos años de inaceptables rezagos económicos, pero que una serie de acontecimientos sucesivos habían agravado hasta límites insospechados poco tiempo antes. Desde fines de 1988 hasta marzo de 1989 los argentinos habían sufrido restricciones forzadas en el abastecimiento eléctrico, debido al efecto combinado de falta de mantenimiento en el parque de generación térmica y la consecuencias de un año hidrológico marcadamente seco.

A comienzos de febrero se generó una crisis financiera que puso fin al llamado Plan Primavera, qué el gobierno había puesto en práctica unos meses antes con la fallida esperanza de contener las variables de la economía en el periodo electoral. Por el contrario, a la crisis financiera siguió el desborde de aquellas, y pronto el país conoció los rigores de la hiperinflación.

La eclosión de la crisis –manifestada en disturbios y saqueos– había acortado el periodo de transición. El país estaba virtualmente ingobernable, y esperar hasta el 10 de diciembre resultaba imposible.

En ese contexto –signado por la hiperinflación, la especulación financiera, la desinversión, la recesión, el hambre, el analfabetismo, la marginalidad social, el desempleo y el aislamiento internacional– se inició el gobierno de Carlos Menem.

La energía tuvo que liderar y librar una batalla en pos del crecimiento económico y la incorporación de tecnología para mejorar la calidad de vida

Lo que había fracasado en la Argentina no era una política, ni un partido político, ni un grupo de dirigentes políticos, sino una manera de concebir y practicar la política, excesivamente contaminada por la ideología y desviada irremediablemente hacia el dogmatismo.

En el centro mismo de esa idea para transformar se encontraba el Estado, cuyo rol urgía definir a la luz de las nuevas realidades mundiales. Es obvio que el Estado, otrora ocupante de un papel central en los procesos de acumulación de capital y asignación de recursos, se encontraba exhausto, imposibilitado de movilizar las inversiones mínimas necesarias para asegurar el cumplimiento de sus funciones esenciales.

La debilidad del Estado, por otra parte, había posibilitado que la actividad privada se desarrollara en forma parasitaria a favor de los privilegios antes que la eficiencia y productividad empresarias, y había extendido la sospecha de prácticas corruptas sobre todo el aparato administrativo público.

Perón ya había revisado su modelo en 1952, cuando dijo que antes “el Estado había tenido que proyectar su presencia a ámbitos que naturalmente correspondían al sector privado. Cumplidos los objetivos fijados en su primera gestión, era menester devolver esas actividades empresarias al área de la economía privada”

Era menester reemplazar un modelo perimido por otro nuevo, en el cual el Estado se concentra en sus responsabilidades primarias, resignando sus funciones empresariales a favor de la actividad privada. Este objetivo podía ser abordado desde varias perspectivas teóricas. La única válida a mi juicio, es la que se apoya en el pragmatismo antes que en las interpretaciones dogmáticas. No se trata de una oposición maniquea entre lo público (ineficiente) y lo privado (eficiente), por que en la Argentina la coexistencia simbiótica del Estado y el capital privado había desviado a este del espíritu emprendedor como medio para llegar a la ganancia legitimada. En nuestro país resultaba más rentable influenciar las decisiones burocráticas de los funcionarios de turno que concentrar los esfuerzos en el desarrollo de la capacidad empresaria.

El doctor Menem se fijó una meta de construir un sistema socioeconómico abierto, competitivo, desregulado, con creciente participación del capital privado, insertado en los flujos del comercio internacional y sin perder como objetivo principal la justicia social. Comprendió que la energía tendría que liderar y librar una batalla en pos del crecimiento económico y la incorporación de tecnología para alcanzar la calidad de vida que la Argentina se merecía.

El peronismo ante el cambio

Muchos se han sorprendido por el hecho que un gobierno peronista impulsara una estrategia aparentemente opuesta a lo que constituye el núcleo de la doctrina del justicialismo. Erróneamente suele identificarse al peronismo con los lineamientos generales del modelo puesto en práctica por el general Perón en 1946. Esa posición revela un ejercicio de burdo reduccionismo intelectual.

En primer lugar se confunde lo contingente con lo esencial. El modelo de 1946, de claro contenido estatista, respondía a una situación histórica determinada (la emergente de la posguerra) y recogía las ideas vigentes por entonces. Pero el general Perón ya había revisado los supuestos del modelo en 1952, cuando la crisis comenzó a ponerle límites infranqueables. Perón decía en esa época “que el Estado había tenido que proyectar su presencia a ámbitos que naturalmente correspondían al sector privado. Cumplidos los objetivos fijados en su primera gestión, era menester devolver esas actividades empresarias al área de la economía privada.”

En el ámbito energético en los años 50 la producción petrolera nacional no cubría las necesidades de la economía y Perón decidió convocar al capital privado para aumentar la producción. En abril de 1955 firmó un contrato con la Standard Oil de California.


La Compañía de Loyola (ex Orden de los Caballeros de Su Santidad el Papa de San Ignacio de Loyola), es gobernada por su Fundador y General Gran Maestre, Militar, Caballero  de Armas de noble cuna, “Gendarme”, Don Carlos Gustavo Lavado Ruíz y Roqué Lascano Ph.D., con la bendición del XXX General de la Compañía de Jesus D Adolfo Nicolas Pachon (+). Al igual que San Ignacio de Loyola, Don Carlos Gustavo desciende de Don Lope García de Lazcano y Doña Sancha Yañez de Loyola, también de Guerreros y Próceres de la Independencia Argentina y Sudamericana.



ordendeloyola@gmail.com

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