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La Orden de los Caballeros de Su Santidad el Papa "San Ignacio de Loyola", es jesuita laica, bajo la Bendición del General de la Compañía de Jesús, Padre Adolfo Nicolás, Coadjutores Jesuitas Temporales en la obra de Dios y de la "Societas Jesu" en la misión de Cristo, en obras inspiradas en el desarrollo, la justicia social, los derechos humanos de los pueblos el cuidado del medio ambiente y en la espiritualidad ignaciana, sean o no sus dignatarios de la Compañía de Jesús) click..
Quiénes somos
Los Caballeros de la Orden la Mayor Gloria la Compañía de Jesús una de las órdenes religiosas más importantes y controvertidas de la cristiandad; efectivamente, un grupo muy influyente a nivel mundial.
(dijo Lord Maculay)
Bandera de las Américas, adoptada como símbolo de las Américas
por la séptima conferencia internacional Americana de
Montevideo el 13 de diciembre de 1933
Se dedicaba a los gastos de la guerra contra los infieles
Al menos desde los años noventa,
diversas publicaciones de organismos internacionales han destacado que la
gobernabilidad constituye una condición esencial para el desarrollo,
enfatizando la relevancia que juegan las instituciones políticas para el
bienestar económico de los ciudadanos. Desde entonces la idea de la centralidad
de la política para los procesos de desarrollo sostenible ha ganado un
creciente reconocimiento en los debates internacionales sobre el desarrollo.
Muestra de ello es el intenso activismo que han emprendido diversos actores
globales (centros o institutos de investigación, fundaciones, thinktanks
intelectuales y públicos) por incluir la gobernabilidad y particularmente la
capacidad estatal como una meta en sí misma en el marco de la agenda de
desarrollo post-2015.
La corriente más crítica y
creativa ha señalado que los Objetivos de Desarrollo del Milenio tenían un
cierto sesgo apolítico, como si el desarrollo fuera simplemente una cuestión de
buena voluntad y de ingeniería social, dejando de lado los factores políticos.
Sí se integró una visión tecnocrática y extremadamente normativa anclada en el
mantra de la “buena gobernabilidad”, asumiendo que la adopción de buenas
prácticas y el trasplante de formas institucionales -sin importar mucho los
contextos- conducirían a gobiernos de mayor calidad y efectividad. Al poco
andar, se hizo evidente que la simple adopción de (re)formas que lucían bien en
el papel (leyes, comisiones, regulaciones) o en el diseño institucional, no se
traducían automáticamente en cambios sociales, de modo que se hacían cada vez
más visibles las limitaciones de la teoría de cambio que se promovía desde los
círculos de la cooperación internacional.
De manera que el argumento de la
centralidad de la política para el desarrollo requiere de cierta revisión,
comenzando por reconocer que la idea de la “gobernabilidad democrática” se
presta a la confusión, ya que democracia y gobernabilidad son procesos
relacionados pero diferentes. Por paradójico que resulte, es posible tener
democracias políticas con baja gobernabilidad y también regímenes con dudosas
credenciales democráticas, pero con un alto nivel y calidad de su
gobernabilidad. América Latina ha sido escenario de estas múltiples
posibilidades y aparentes paradojas; una región donde han arraigado las
instituciones democráticas, pero donde la desigualdad se niega a ser
desterrada, y donde se ha desatado una verdadera oleada de violencia criminal
de múltiples signos. Existen gobiernos democráticamente electos que, una vez en
el poder, ejercen la autoridad a su antojo y sobre todo muestran enormes
dificultades para cumplir satisfactoriamente con sus funciones básicas. De
manera que no sólo tenemos una brecha entre el acceso y la forma de ejercer,
sino una brecha entre las formas institucionales y su funcionamiento real o su
capacidad de implementar sus decisiones y políticas.
Progreso Social y Gobernabilidad
¿Qué significa todo esto para el
Progreso Social de las naciones? ¿Es realmente importante la gobernabilidad
para el progreso social? ¿Y qué componente o dimensión de la gobernabilidad
tiene realmente mayor relevancia para el progreso social?
En un reciente documento
publicado por el Overseas Development Institute (ODI), se explora si acaso el
ciudadano promedio contempla la gobernabilidad cuando piensa en su vida
cotidiana, y la respuesta parece ser un contundente sí, pero, para sorpresa de
los analistas, la preocupación central no se focaliza en los ejes clásicos de
transparencia y rendición de cuentas, sino en la capacidad del estado de
producir gobiernos efectivos en la provisión de bienes públicos y servicios de
calidad.
En el mismo sentido, hallazgos
provenientes de una encuesta innovadora realizada por las Naciones Unidas (My
World), que reúne la votación de más de 3 millones de personas en 194 países
acerca de las prioridades del desarrollo, destaca que después de la importancia
que se le da a la educación, la salud y el empleo, aparece la calidad de los
gobiernos como un aspecto de alta prioridad. La preferencia por la efectividad
de los gobiernos sugiere que la ciudadanía de a pie percibe que este componente
de la gobernabilidad es fundamental para su bienestar y progreso social.
De ahí que los resultados del
Índice de Progreso Social pueden dar pistas para identificar algunas de las
claves políticas que podrían explicar el desarrollo y las diferencias en
materia de progreso social de los países latinoamericanos y de otras regiones,
sobre todo del Sur Global. Así como el IPS argumenta que el crecimiento
económico no siempre conduce o implica progreso social, podríamos sugerir que
no todos los componentes de la gobernabilidad tienen el mismo peso para
producir progreso social. Antes de explorar algunos datos o posibles vínculos
empíricos, se sugiere la centralidad de las ya mencionadas dos brechas
políticas para comprender la dimensión política del progreso social:
• La primera se refiere a la
brecha entre el acceso democrático al poder y la forma de ejercerlo,
• La segunda alude a la brecha
entre la forma de gobernar y la capacidad de implementación de políticas
públicas, a la distancia entre la adopción de formas institucionales y su
funcionalidad.
Si bien la primera brecha es
relevante para el Progreso Social, sobre todo en las dimensiones de
“Oportunidad”, al parecer es la segunda brecha la que más impacto tiene en
términos globales, y particularmente para las dimensiones de “Necesidades
Humanas Básicas” (como en el caso de la seguridad personal), y los “Fundamentos
del Bienestar” como el caso de la
Salud y Bienestar)
La evidencia señala que aunque
los componentes clásicos de la buena gobernabilidad son relevantes para el
desarrollo, el mayor peso se lo lleva la capacidad estatal y los gobiernos
efectivos. Al margen de la complejidad de las mediciones, no es casualidad que
–según el estudioWhy state capacity matters for the post-2015 development
agenda and how we should measure it?, publicado por el instituto Effective
States and inclusive Development (ESID)- los países con mejores resultados en
seguridad sean aquellos que han logrado desarrollar una capacidad estatal(*)
para implementar sus políticas y cuentan con gobiernos más efectivos en la
provisión de bienes públicos de calidad para todos sus ciudadanos.
Capacidad Estatal y Progreso
Social
Haciendo el ejercicio de cruzar
los resultados del Índice de Progreso Social tanto a nivel general como a nivel
de las dimensiones de Seguridad Personal y Derechos Personales para los países
de Latinoamérica podemos observar lo siguiente:
Con las excepciones de Venezuela
y República Dominicana, los países que cuentan con una importante capacidad
estatal logran niveles de progreso social por encima de la media de la región.
Destacan sobre todo los casos de Chile, Costa Rica y Uruguay. En contrapartida,
algunos países con niveles de capacidad estatal bajos (como Perú, México y
Jamaica) lograron valores de progreso social por encima de la media, pareciendo
debilitar de esta el nivel de correspondencia entre ambas variables.
Sin embargo, cuando ponemos el
foco sobre la dimensión de Seguridad Personal, los tres países que
distorsionaban la correspondencia caen por debajo de la media y/o no alcanzan
valores suficientemente altos (60,00 o más) como para considerarlos
satisfactorios. Chile, Uruguay y Costa Rica por su parte continúan manteniendo
buenos resultados, mientras que Venezuela y República Dominicana obtienen los
valores más bajos de la región para esta dimensión.
Finalmente, en relación a la dimensión Derechos Personales
Chile, Uruguay y Costa Rica vuelven a obtener los puntajes más altos, mientras
que República Dominicana y Venezuela los más bajos.
Aparte de los ya mencionados, otros países que siempre
puntúan por debajo de la media son Colombia, Ecuador y Honduras. En este
sentido, la correspondencia entre baja capacidad estatal y bajos niveles de
progreso social parece ser más fuerte.
Sin dudas un tema muy interesante para darle seguimiento y
generar más análisis basados en evidencias sólidas. Desde la agenda de
Innovación Política, Avina apuesta por impulsar procesos colaborativos con
organizaciones aliadas comprometidas en el desarrollo de nuevas estrategias y
métodos que buscan cerrar las brechas políticas que más inciden en la calidad
de vida y en la sostenibilidad de las democracias. En una frase, Avina apoya
múltiples iniciativas colectivas orientadas a la dignificación de la práctica
política con impactos que sean nítidos para valorizar lo público en América
Latina.
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